Los cambios en el Código Federal de Procedimientos Penales, entre otras leyes - todos los cuales entraron en vigor el pasado jueves, Día Mundial de la Libertad de Prensa – llevan a la práctica una reforma constitucional, elaborada durante el verano pasado, que concede al gobierno federal el poder de perseguir los delitos contra la libertad de expresión. Anteriormente, en la estructura federal de México, esta responsabilidad recaía principalmente en las autoridades estatales y locales, que han fracasado dramáticamente en proteger a la prensa mexicana de los ataques violentos.
WAN-IFRA y el IPI viajaron a México en febrero para instar a los legisladores a aprobar esta "legislación secundaria" (es decir, complementaria a la reforma constitucional), como parte del enfoque de ambas organizaciones en la mejora de la seguridad de los periodistas en México. En última instancia, tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron la medida por unanimidad.
"La aprobación de esta legislación marca un hito en el esfuerzo de colaboración para proteger y promover la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en México", dijo el Director Adjunto de IPI Anthony Mills. "El Congreso de México ha enviado una fuerte señal a los que buscan hacerle daño a los periodistas y así silenciar a toda una nación se enfrentarán a toda la fuerza de la ley.
"Los legisladores de México han hecho su trabajo, pero el verdadero trabajo apenas ha comenzado: el gobierno federal y la Procuraduría General de la República deben asegurarse de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) cuente con los recursos y fondos necesarios para cumplir sus funciones. IPI estará monitoreando cuidadosamente el trabajo del fiscal y no estará satisfecho hasta que los asesinos de periodistas estén tras las rejas".
Antes de estos cambios a la ley federal, la FEADLE estaba atrapada en una situación absurda en la que esencialmente carecía de capacidad legal para hacer la labor para la cual se había creado. La fiscal actual, Laura Borbolla, dijo WAN-IFRA y al IPI en la Ciudad de México en febrero, que en al menos 40 casos, su oficina había reunido suficiente información para justificar la detención de un sospechoso, pero que cada vez que la evidencia había sido llevada ante un juez federal, el caso había sido rechazado por falta de jurisdicción. Desde su creación en 2006, la Oficina ha logrado sólo una condena.
"Ahora que se le han otorgado las herramientas legales para actuar, esperamos investigaciones inmediatas y exhaustivas sobre los asesinatos de periodistas por parte de la FEADLE", dijo Larry Kilman, Director General Adjunto de WAN-IFRA. "No debemos olvidar que, desde la creación de la primera Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas por el gobierno federal en el año 2006, más de 50 profesionales de los medios han sido asesinados. Hace mucho tiempo que se esperan condenas de esta Fiscalía. Es hora de poner fin a esta impunidad".
La reforma al artículo 73 de la Constitución mexicana no hace de delitos contra los medios de comunicación una ofensa federal per se, sino que faculta al gobierno federal para enjuiciar esos delitos en condiciones ya establecidas por la legislación secundaria. Los detalles exactos sobre los cambios legales bajo la legislación secundaria se pueden encontrar en el informe [1] de la misión reciente de WAN-IFRA y del IPI.
Para más información contactar a:
Larry Kilman, director de comunicaciones y relaciones públicas WAN-IFRA, 96 bis rue Beaubourg, 75003 París Francia. Tel: +33 1 47 42 85 00. Fax: +33 1 47 42 49 48. E-mail: larry.kilman@wan-ifra.org [2]
Rodrigo Bonilla, Responsable de misiones de libertad de prensa, WAN-IFRA, 96 bis, rue Beaubourg, 75003 París, Francia. Tel.: +33 1 47 42 85 37. Fax: +33 1 42 78 92 33. Móvil: +33 6 10 28 97 36. E-mail: rodrigo.bonilla@wan-ifra.org [3]
